El Grupo Transversal de Administraciones Públicas de Podemos en Asturias ofreció el 25 de octubre en el C.M.I. Pumarín Gijón-sur una charla-presentación sobre “Sostenibilidad local”, centrada en las prácticas nocivas que sobre licitación de obra pública, planeamiento urbanístico y ordenación del territorio se vienen produciendo en el ámbito municipal español, también en el asturiano. Se da así continuidad al plan de trabajo previsto desde su nacimiento en Cuideiro (Cudillero) el pasado 5 de junio.

La legislación debe ser conocida por todos aquellos que desde cualquier proyecto político pretenden gestionar el crecimiento ordenado de los núcleos urbanos y sus espacios rurales asociados, a través de planeamientos (generales y/o parciales) y siempre a largo plazo. Las ciudades son organismos de desarrollo necesariamente lento, que deben ser plenamente conscientes de que la fisonomía y la funcionalidad de sus espacios tienen que trascender a las generaciones que los diseñan, reforzando los pilares sobre los que las generaciones venideras continuarán la siempre inacabada labor de construcción de lo urbano y de lo cívico, su hermano mayor. El acento de todo crecimiento local sostenible radica en el interés general de la ciudadanía, no en los particulares del empresariado y de las entidades crediticias. Que el suelo tiene propietarios es evidente, pero el planeamiento no debe responder más que a las entidades públicas y a los intereses generales, nunca a la especulación.

La legislación en materia de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio es tan garantista que cualquier planificación, desde la redacción, sus aprobaciones iniciales, revisiones hasta la publicación en los Boletines Oficiales, se dilata en el tiempo de tal manera que es prácticamente imposible culminar un proceso completo en una sola legislatura, impidiendo también que la precipitación deje en el aire informes técnicos por donde puedan filtrarse intereses espurios. Aunque hay casos especialmente llamativos en los que un Plan ha tardado doce o catorce años en ver la luz definitiva, no deben calificarse necesariamente como un efecto de la lentitud o de la incompetencia de sus redactores y gestores, sino como el resultado de un trabajo que busca “dibujar una ciudad para el futuro”. Sin embargo no deja de ser cierto que las dilaciones también han provocado en algunos casos injusticias de difícil justificación, como el cobro de indemnizaciones por expropiaciones forzosas más de 20 años después de las mismas.

A pesar de que las entidades locales constituyen el tercer escalón de la organización administrativa del Estado y el único sin capacidad legislativa, no por ello han dejado de tener una autonomía y un poder importantísimos en materia urbanística. Urbanismo no es solamente política de vivienda; también de usos industriales del suelo, de planificación de equipamiento infraestructural, social y económico. En Gijón, además, política portuaria, aunque ésta compartida con Principado y Fomento. Los partidos políticos han sabido gestionar en beneficio propio la aridez técnico-legislativa, los plazos legales y la información privilegiada para medrar político-institucionalmente, cuando no económicamente también, al tiempo que favorecían intereses inconfesables de corporaciones empresariales de todo tipo. Lo que durante muchos años fue un caballo de batalla para las entidades locales, su autonomía para gestionar fiscalidad (tasas) y urbanismo (licencias, planes) se convirtió en los años de la burbuja inmobiliaria en el agente imprescindible del crecimiento insostenible, la corrupción galopante y el crecimiento incontrolado de la deuda pública municipal. Citemos tan solo tres ciudades distintas en tamaño y población para constatar ese hecho: Madrid, Valencia, Almería.

Pero, ¿cabría la posibilidad de hacer las cosas razonablemente bien?

  • Responsabilidad civil, penal y patrimonial de funcionarios, técnicos y cargos públicos. ¿Cómo es posible que ante una licencia pésimamente concedida que permite la construcción de una obra ilegal se proceda al derribo de la misma y al pago de una indemnización al propietario, ambos a cargo del Ayuntamiento.

  • Calificaciones urbanísticas transparentes que permitan crecer sosteniblemente y que definan sin miopía cortoplacista los lugares y los modos en los que se debe construir empresa, industria, vivienda, equipamiento, etc.

  • Transparencia en los concurso públicos sobre contratación y licitación de obra, pública o privada, así como de los equipos redactores de los Planeamientos.

  • Participación ciudadana (también en materia presupuestaria, vinculada sin duda a la ordenación territorial) en todo el proceso, no sólo en la fase de alegaciones, para garantizar la colaboración general en el diseño y posterior desarrollo del Modelo de Ciudad elaborado.